Juan Delfino tiene cinco empresas a su nombre. Rodolfo solo tres. Agustín dos, una de ellas, por cierto, una asociación de agroproductores que recibió contratos millonarios por servicios publicitarios; pero Claudia le gana a todos, los papeles del Registro Público de la Propiedad dicen que tuvo 15 empresas, hoy ninguna está ya a su nombre. Incluso dicen que Claudia, cuyas empresas también tuvieron contratos millonarios, ya no está en México.
Todos ellos son parte de la misma red de empresas de papel que obtuvieron mil millones de pesos entre 2015 y 2016 del gobierno de Veracruz aunque fueron operadas desde Puebla, desde un pequeño despacho de uno de los municipios conurbados de la capital poblana. Nadie diría que por ahí pasaron en promedio 1.3 millones de pesos diariamente durante esos dos años.
No es raro que Puebla haya sido el centro de operaciones de esa red si consideramos que, de acuerdo con un estudio del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de 2019, es junto a otros ocho estados, una de las entidades con el mayor número de empresas fantasmas. Juntos, los nueve estados concentran el 60 por ciento.
El SAT calcula en ese reporte que se han emitido, hasta mediados del 2019, más de 8 millones de facturas falsas que involucran un total de 1.6 billones de pesos. Pongámoslo así: con ese dinero que se fue a las factureras se podría pagar el presupuesto anual del estado por diez años.
Hace unas semanas un columnista local de cuyo nombre no quiero acordarme, de esos que el poder usa para mandar mensajes, aseguró en una de sus publicaciones que la directora de El Popular, Carolina Fernández, estaba bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado tras ser denunciada por la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
El anuncio fue un eslabón más en una cadena de actos de hostigamiento del gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta contra la prensa que le ha resultado incómoda en su gobierno.
En un documento firmado por varias decenas de personas que trabajan en la academia, en la defensa de los Derechos Humanos y periodistas, entre otras profesiones, se señala: “Puebla ha sido testigo de las prácticas autoritarias cometidas por los gobernadores a lo largo de largas décadas. Políticos que, con el poder absoluto, sin contrapesos en los poderes legislativo y judicial, han hecho un uso faccioso de los instrumentos del Estado a cargo del ejecutivo; mandatarios intolerantes, acostumbrados a aplicar la mordaza y la persecución judicial como una forma de control del periodismo crítico independiente”.
