Claudia Ocaranza | PODER
Una cuidada cúpula azul con una cruz, una torre campanario, dos ángeles en la entrada principal y una extensa pero no muy alta barda azul, roja y blanca, es lo que muestra una foto de Google Maps del Templo Jesús de Nazareth, en Acaxtlahuacán de Albino Zertuche, Puebla, antes de que fuera dañado por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.
El templo fue uno de los sitios calificados con daños severos y cuatro años después, su restauración no ha sido efectiva. La situación se repite en muchos casos llegando afectar a poblaciones enteras como Acaxtlahuacán de Albino Zertuche que se han quedado sin acceso a sus centros de culto, espacios formadores de vida en comunidad. El responsable de hacer estas reparaciones es el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y para hacerlas tuvo acceso a dos fuentes principales de financiamiento: la póliza con Seguros Banorte y el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).
Es imposible conocer con exactitud cómo fueron usados los recursos pagados por Seguros Banorte según descubrió PODER vía solicitudes de información y entrevistas con fuentes involucradas y expertas en patrimonio. Entretanto los bienes de la nación no están asegurados en caso de sismos y erupciones volcánicas; no se renovó con Banorte, no se contrató un nuevo seguro y el FONDEN desapareció por orden del presidente López Obrador.
Al menos 175 mdp pagados por Seguros Banorte sin destino claro
La póliza del INAH con Seguros Banorte era por una cobertura de 3 mil 500 millones de pesos y uno de los modos de pago es el “pago en especie”. Esta modalidad fue aplicada en los sismos de 2017 y significa que restauradores y arquitectas del INAH determinan el daño de los bienes, y Seguros Banorte paga directamente a los contratistas externos encargados de la restauración.
Sin embargo, la modalidad de pago en especie tuvo sus complejidades. El INAH y Seguros Banorte, por medio de la ajustadora York, acordaron un 25% extra que el seguro pagaría sobre el costo de restauración de cada bien dañado. El acuerdo no quedó registrado en ningún documento, según lo que respondió el INAH vía solicitudes de información.
“Banorte decidió que así fuera. De eso, como de muchas cosas, no tenemos registro, como contratos de obra entre el seguro y los contratistas. Por eso hay hoyos del proceso (…) En ese momento ni ahora no nos parecía necesario que estuviera por escrito, solo que el seguro cumpliera su compromiso y eran detalles que se venían dando, estábamos trabajando de una manera práctica. No se planteó la necesidad”, dijo en entrevista con PODER Salvador Camarena, coordinador operativo de la Oficina de Sismos del INAH durante los sismos de 2017 y actual Director de Estudios y Proyectos.
En este trato no escrito se pactó que cinco puntos porcentuales del 25% extra se destinaría a que el INAH pudiera costear su operación: movilización y gastos de restauradores y arquitectas del INAH responsables de las evaluaciones de los daños. El problema fue que al ser parte del pago en especie ese 5%, 175 millones de pesos, fue depositado a los contratistas, quienes deberían devolverlo a los empleados del INAH.
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“Todo se hizo en forma discrecional, las autoridades y los ajustadores del seguro Banorte verbalmente nos hicieron saber que, al monto conciliado para cada inmueble agregaron un 5% para gastos de operación y por tanto las empresas tendrían que proporcionarnos a los supervisores ese importe en especie para gastos de operación, no hubo documentos de por medio. Algunas empresas lo dieron, pero no había control real”, explica Rutilia Amigón, arquitecta del INAH y responsable de obra en Jesús de Nazareth en Acaxtlahuacán de Albino Zertuche hasta 2021.
Fuentes cercanas al caso, que prefirieron mantener el anonimato, aseguran que los recursos fueron usados para otros fines que no eran restaurar los bienes, y que al no haber control del gasto hay casos en que los contratistas y personal del INAH se repartieron el dinero.
Camarena negó que hubiera corrupción en el proceso: “Si hay pruebas de corrupción, el INAH no defendería a nadie. Lo que ha sucedido es que es un tema muy polémico”. Su respuesta como Director de Estudios y Proyectos a una solicitud e información explicó que “al final de la conciliación se agregó un último concepto, con porcentajes diferentes, dependiendo de la conciliación y del Estado afectado, con el objeto de resolver diversas actividades que se requieren para el logro del total de dicha restauración. Estas quedaron plasmadas bajo diversas denominaciones: «Proyecto», «Estudios preliminares», «Mecánica de suelos», «Estudios de Geotecnia», etc. Esta área no cuenta con documentos de referencia, todo se encuentra en cada centro INAH”.1
En el caso del Templo de Jesús de Nazareth, al final de la conciliación se lee “Diseño de proyecto ejecutivo será sobre el 25% del total de obra sin considerar IVA. Incluye proyecto de determinación de pérdida, informes de avance, elaboración de planos, impresión, etc”. No se indica nada por escrito del 5% para gastos operativos.
No hay protocolos de acción en caso de desastre
“El problema de fondo es que cuando se tienen situaciones de desastre deberíamos tener reglas muy claras de qué se hace en ese momento, porque cada que pasa, aunque son eventos recurrentes, parece que inventamos el hilo negro. El INAH ha pasado por esto antes. Cuando pasan estos eventos pone de fondo que no se ha pensado de manera preventiva y abre la puerta para oportunidades para prácticas fraudulentas” explica Naxhelli Ruiz, investigadora y académica en geografía, en entrevista con PODER.
La situación de falta de claridad llevó al personal adscrito a la sección de restauración y arquitectura del Centro INAH Puebla a solicitar, en septiembre de 2017, al director general del INAH, Diego Prieto, que se les informara cómo iban a proceder para la restauración. El Protocolo para la autorización de proyectos de restauración del patrimonio cultural, mueble e inmueble, identificados como monumentos históricos dañados por los sismos de septiembre de 2017 y para la validación de los contratistas o prestadores de servicio que ejecutarán los trabajos fue entregado durante el primer trimestre de 2018.
La sorpresa fue que ese documento, en manos de PODER, está fechado al 25 de septiembre de 2017. “Nos pidieron que firmáramos ese documento con esa fecha, pero en realidad lo hicimos entre marzo y abril de 2018”, confirma la arquitecta Rutilia Amigón.
Al ser cuestionado al respecto, Camarena dijo que “el protocolo no fue hecho en septiembre, se hizo a finales de octubre y se le dio esa fecha de septiembre para darle una validez legal, pero se comenzó a aplicar desde el principio. Inmediatamente se les dio a conocer a todos los Centros INAH y si los compañeros de algún nivel no tuvieron acceso, fue que el director de ese Centro INAH lo repartió tarde o estaban en indisposición de enterarse”.
El INAH no sabe en qué se gastaron los recursos de Seguro Banorte
El protocolo fechado el 25 de septiembre dice en la página 15 que el INAH hará un expediente con información del contratista y de la restauración, con, entre otras cosas: fotografías, propuesta de restauración con cronograma de trabajo, presupuesto conciliado, proyecto de restauración del contratista con cronograma, expediente del contratista, licencia del proyecto.
Para comprobar si el protocolo se estaba cumpliendo, PODER solicitó a los Centros INAH de Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México el listado de los sitios afectados por el sismo, el nivel de avance en su restauración, el costo de la restauración y el origen del dinero. A partir de esta respuesta PODER seleccionó una muestra en cada uno de ellos, algunos restaurados con el dinero del seguro, y solicitó todos los documentos relacionados a la restauración de los mismos.
“El INAH tendría que tener los documentos porque ellos tendrían que estar a cargo de las obras, aunque tengan personal subcontratado. No puedes pagarle a alguien para que hagan obra en bien patrimonial sin que sepas cómo lo están haciendo. Aunque sea pago en especie, el INAH tendría que tener un registro bastante minucioso. Imagínate las iglesias en Oaxaca con retablos del siglo XVIII, ¿en serio no sabes qué le hicieron? ¿los procesos y materiales?” cuestiona la investigadora Naxhelli Ruíz.
El Centro INAH Chiapas2 entregó una base de datos donde si bien no se identifica la comprobación del 25%, por lo menos se nombra a los contratistas, el origen de los recursos, el monto destinado, el avance físico y el año a finalizar cada restauración.
Los CINAH Puebla, Estado de México, Oaxaca, Hidalgo y Tabasco respondieron que no tenían documentación requerida por que calificaron al dinero pagado por Banorte como “recursos de origen privados”, a pesar de que el INAH llevaba años pagando primas al seguro con dinero público.
La Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural respondió sobre los sitios solicitados en Ciudad de México que no han generado los expedientes pues “se están elaborando los catálogos de servicios, con los cuales se harán las invitaciones de participación a las diferentes empresas de restauración”.
Ante las negativas de entregar información se presentó un Recurso de Revisión y el INAI dio la razón a PODER al decir que dentro de las facultades del INAH está la supervisión de las obras de restauración y por tanto, deberían tener los documentos, independientemente del origen de los recursos. Los Centros INAH acataron el mandato del INAI aunque mandaron una información muy escasa, en la que destaca el caso de la Parroquia de Santa María de la Natividad en Benito Juárez, Ciudad de México, donde la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos dijo haber pagado 275,807.83 pesos de recursos “federales” al arquitecto Gerardo Estrada Straffon, quien además es el mismo responsable de obra por parte del INAH.3
“El sujeto obligado a tener el control de todo esto es el banco, nosotros éramos quienes vigilábamos que el proyecto, que la intervención fuera correcta. El seguro es quien debe de tenerlo, hay preguntarle por qué no hizo contratos, por qué es omiso del seguimiento del programa.” insistió Camarena posteriormente a la sentencia del INAI, su argumento es que el dinero pagado por Banorte “nunca tocó las arcas del INAH”, por lo que el instituto no tiene la obligación de indagar cómo se usó el mismo.
*Ilustración de portada: Dani Scharf
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