Francisco Vélez Pliego, exdirector del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSyH), no duda cuando dice que el proceso electoral de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) está violando los estatutos internos de la máxima casa de estudios del estado; entre sus razones señala que el Consejo Universitario debió renovarse desde marzo pasado, y la actual rectoría no lo hizo.

En una larga charla con LADO B, Vélez Pliego habló de las irregularidades que rodean el proceso electoral de la BUAP, del voto electrónico que se usará para la elección, del control estudiantil a partir de programas como lobomentores y de las expectativas de romper con la tradición de heredar la rectoría que la institución vive desde hace más de 20 años.

“La última gran elección competitiva que hubo en la universidad fue la candidatura de Enrique Doger contra la candidatura de Pedro Hugo Hernández Tejeda y en donde participó también como candidato Ismael Ledezma”, dice. Después de eso la universidad vivió procesos de control político que permitieron a los últimos rectores conducir sus reelecciones e imponer a sus allegados.

Una lógica que siguieron los dos Enriques, Doger y Agüera. Y que se rompió por varias razones, entre ellas la pandemia, con Esparza. Pero eso no significa, explica el Doctor en sociología, que en este caso el aparato no esté operando para imponer, de nuevo, a su sucesor o sucesora.

Una convocatoria sin legitimidad

Hasta hace unos días, cuando se hizo esta entrevista, Francisco Vélez no había definido si iba a participar como candidato en el proceso electoral, de hecho, cuenta a LADO B, eso lo definiría después de presentar algunas acciones legales contra la decisión de lanzar la convocatoría de las elecciones, que se aprobó a mediados de agosto, y a la que calificó de ilegal, pero el viernes pasado le informaron que fue postulado en la plataforma que la BUAP abrió para que estudiantes registraran aspirantes.

Un día antes de la publicación de su amplia conversación con esta casa editorial, el académico fijó su postura: “Reitero mi negativa a participar en procesos que he cuestionado legal y políticamente dejando en libertad a quienes me han expresado en privado y públicamente sus simpatías para optar por las conductas universitarias que consideren pertinentes”.

Aunque Vélez finalmente rechazó la candidatura, esta entrevista ofrece una mirada importante y necesaria desde adentro de la institución. En esta conversación el académico explica, con los estatutos en mano, sus dudas. Y habla de las responsabilidades que deben enfrentar las personas que han dirigido la universidad en las últimas décadas y sobre las que se han hecho señalamientos de enriquecimiento ilícito y de uso de empresas fantasmas:

Lo que está claro es que hay una violación al estatuto universitario, por lo que se refiere a uno de los temas principales: la renovación del Consejo Universitario, un requisito de procedencia pues corresponde al nuevo consejo universitario convocar a la elección de rector. 

Al no producirse la renovación del Consejo Universitario, una convocatoria que tendría que haber emitido el rector desde marzo de este año, porque es su facultad exclusiva, pues no se está produciendo ese requisito de procedencia. Esa es una parte de la violación.

La otra parte de la violación tiene que ver con que este Consejo Universitario estuvo vigente hasta marzo del 2021, pues tomó posesión en marzo 2019, pues de acuerdo con la ley y el estatuto, ese organismo colegiado tiene una vigencia de dos años y debe ser renovado. 

Y si bien por circunstancias de la pandemia pudiese haberse retrasado la emisión de la convocatoria por parte del rector, lo cierto es que estamos en agosto y por más que quieran estirar la liga no tendría por qué haber retrasado tanto la convocatoria, sobre todo porque el resto de los órganos de autoridad o de representación ya fueron renovados. Me refiero a los consejos de unidad a los directores cuyo mandato estaba por vencerse o ya se había vencido. Entonces, no hay ninguna razón por la cual no se renueve el Consejo Universitario, no hay ningún argumento válido ni ningún elemento dentro de la ley o de la normatividad, sea ley, estatuto o reglamentos, qué justifique el retraso de la renovación del Consejo universitario. 

Por lo tanto, la emisión de esta convocatoria por parte de este, digamos, agrupamiento —durante la entrevista el académico se niega a llamar Consejo Universitario al organismo en funciones— pues es una emisión ilegal.

Y en su negativa en nombrarlo como Consejo Universitario da cifras. Dice, por ejemplo, que en la emisión de la convocatoria “participaron, según las cifras que se publicaron, 163 profesores, investigadores y directores. De esos 163 los que están vigentes son los 43 directores, los demás ya no están vigentes”.

163 de un organismo que, por estatutos, se compone de 218 representantes, “estamos hablando de 55 consejeros que ya no están asistiendo, seguramente son consejeros estudiantes que ya salieron de la Universidad, y que aunque quisieran presentarse ya no está vigente su matrícula. Ya no solo no están vigentes como representantes de, porque jurídicamente ya se les venció el plazo, si no porque, como argumentamos, ya están fuera. Eso representa el 25 por ciento del consejo”.

Y para más razones, el cuerpo colegiado restante, es decir, el 75 por ciento de lo que debería ser, acordó que el voto de los alumnos recaerá en los profesores. 

LADO B (LB): ¿Qué escenario esperaría usted para participar en el proceso? 

Francisco Vélez: Hay distintas fuerzas universitarias, no digo que todas coincidan con mi eventual candidatura, que están estudiando acciones de carácter judicial para invalidar el proceso. Los argumentos que se han venido esgrimiendo son muchos, porque hay distintos tipos de violaciones a la normativa universitaria. Cada quién promoverá las acciones jurídicas que considere pertinentes para revertir esto.

LB: Si estos procesos jurídicos avanzan, ¿no provocarán que se empantane el proceso o se amplíe aún más el tiempo para la renovación de la rectoría? 

FVP: Pues si llegara el término del rectorado de Alfonso Esparza sin que haya nuevo rector o rectora, hay un secretario general que tendrá que asumir las funciones de rector como encargado de despacho, y culminar los procesos pendientes.

Autonomía sí, no impunidad

Foto: Marlene Martínez

Los dos últimos procesos de cambio de rector en la BUAP parecen calcados. Enrique Doger no terminó su segundo periodo como rector. Renunció al cargo y se fue a competir como candidato del PRI a la presidencia municipal de Puebla, con buena fortuna, pero se cubrió las espaldas al dejar a Enrique Agüera Ibáñez, secretario general de la institución, como rector sustituto para los siguientes cinco meses.
En ese periodo, Agüera tuvo la oportunidad de preparar y dirigir su elección como rector, lo que le permitió llevar los destinos de la universidad durante dos periodos de cuatro años. Antes de concluir, igual que había hecho Doger Guerrero, Agüera aceptó una candidatura por parte del PRI y se fue a buscar la presidencia municipal de Puebla con mala fortuna, pues perdió ante Gali Fayad, pero repitió la fórmula creada por Doger y dejó como rector sustituto al que en ese momento era su secretario general, Alfonso Esparza Ortiz.

Esparza tuvo, igual que Agüera, unos meses para preparar su elección como rector y gobernar por dos períodos de cuatro años. A diferencia de sus antecesores, Esparza no dejó la Universidad para buscar un cargo público al cobijo de algún partido, pero igual, dice Vélez Pliego, se prepara para dejar a su sucesora.

LB: Tenemos aproximadamente 20, 25 años en los que parece que a la Universidad la gobierna un mismo grupo político, o por lo menos la continuidad de ese grupo.

FVP: No es el mismo grupo político, en sentido estricto, ahí sí diferirá del análisis. Yo creo que el modelo académico de organización propuesto ha transitado por tres momentos, uno que tiene su origen en el llamado proyecto Fénix, que se inscribe en las políticas nacionales e internacionales del momento, relacionadas con modificar la función sustantiva de las universidades en su relación con sus responsabilidades sociales, enfocándolas a tratar de construir el marco de una idea muy abstracta de economía del conocimiento, desarrollar capacidades nacionales para vincular a las universidades, tanto públicas como privadas, con los sectores productivos. 

Ese proyecto Fénix tuvo una primera modificación en el periodo de Enrique Doger, y una última en el 2018 con el proyecto Minerva de Esparza. ¿En qué ha consistido esa profundización del modelo? En la idea de fomentar y desarrollar más habilidades y competencias, que son habilidades de carácter práctico. Y acotar o disminuir la presencia de los debates de carácter conceptual, epistemológico, teórico, etcétera. Esa ha sido la orientación en todas las disciplinas, acorde con lo que eran las políticas nacionales de esa época, todo ese periodo. Que no eran sólo políticas nacionales declarativas, algo que tampoco se coloca en la reflexión, sino que eran políticas institucionales alineadas o promovidas desde los instrumentos de financiamiento de la educación, en concreto.

Todos los modelos de evaluación, por ejemplo, Sistema Nacional de Investigadores, hasta los procesos de acreditación de las instituciones, etcétera, estaban orientados a medir determinados temas: vinculación, relación con las empresas, tipo de proyectos de investigación, etcétera. Esa forma de operar induce que las instituciones de educación de carácter público se comporten tratando de alinearse para obtener recursos con esos indicadores.

LB: Más allá de que decida participar o no, habrá un cambio en la rectoría ¿qué debería pasar, pensando en que ha habido muchos señalamientos públicos de empresas fantasmas, enriquecimiento de algunos personajes, no necesariamente de esta administración, pero sí de otras anteriores, con propiedades en Miami, qué debería pasar con esas administraciones?

FVP: Nosotros [Vélez y el grupo político que lo acompaña] desde hace muchos años detectamos o vimos que había ese riesgo, fijamos una posición que a diferencia de como se ha manejado maniqueamente, no implica comprometer la autonomía universitaria. Es decir, nosotros hemos sostenido que las auditorías que se realizan en la institución deben formar parte de la transparencia y la rendición de cuentas institucional, y debe incluir todos los fondos, no sólo los recursos que entrega el Estado. 

Ahora, ¿quién audita, cómo se audita? Ese es el debate específico sobre la autonomía. Las entidades de carácter público como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Auditoría Superior del Estado (ASE) ya revisan una parte, pero hay deficiencias en el marco jurídico relacionado con la auditoría de los ingresos propios. Esas deficiencias provienen de que cuando se aprueba un nuevo marco jurídico, relacionado con el combate a la delincuencia y el lavado de dinero, hay una exigencia técnica de que todas las entidades públicas sean sujetas a procesos de revisión en sus ingresos. ¿Cómo conciliar esa nueva circunstancia jurídica derivada de esta nueva legislación? Una de ellas tiene que ver con revisar y promover las reformas necesarias al estatuto para adecuarlo y alinearlo con la nueva legislación en materia de delincuencia organizada y lavado de dinero.

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Ahora, nosotros hemos insistido en que la responsabilidad patrimonial de las personas que ocupan un cargo temporalmente dentro de la institución no forma parte del ámbito de tutela de la autonomía universitaria. Una cosa es el manejo de los recursos, y otra cosa es que por distintas circunstancias ese manejo de recursos les lleve a un enriquecimiento inexplicable. Ahí no estamos prejuzgando, pensamos que la legislación que tiene que ver con delincuencia organizada y lavado de dinero provea las herramientas para que los funcionarios universitarios seamos objetos también de una supervisión por parte de las instancias públicas.

LB: Pero las revisiones que hacen las instituciones son de periodos de tiempos muy cortos, es decir, las auditorías pueden hacerse en un año pasado inmediato, dos…

FVP: Acá no estamos hablando de auditorías, estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de lo que hace Santiago Nieto. De un seguimiento a la conformación de los patrimonios individuales de quienes han sido funcionarios públicos en diferentes momentos.

LB: ¿Y ya hay algún tipo de denuncia sobre estos personajes?

FVP: No lo sé.

LB: ¿Pero si las condiciones fueran como usted esperaría (de participar y, en su caso, ganar la rectoría), se promovería?

FVP: Me parece que todos los que en algún momento hemos ocupado una posición que implica el manejo de recursos debemos estar dispuestos a ser revisados en las declaraciones patrimoniales que hagamos. Eso no tiene que ver con la autonomía.

LB: Pero de pronto parece que sí, es decir, vimos en los últimos meses la defensa a partir del discurso de la autonomía.

FVP: No, no, por eso hice la separación. Mi posición en el Consejo Universitario fue que los actos de los Auditoría Superior del Estado tenían que ajustarse a derecho, que sobrepasar eso era contrario a la autonomía, porque de acuerdo con la normativa le corresponde al Congreso y al auditor superior del Estado, la revisión del subsidio estatal. Esas son las cuentas que puede revisar. Si quiere revisar otras cuentas no tiene el soporte jurídico para hacerlo. Pero lo que trato de explicar es la separación entre las responsabilidades personales y lo que tiene que ver con el manejo institucional del asunto.

La Universidad como actor político

LB: ¿Qué pasa o debe pasar con la relación de la Universidad con los actores políticos externos, específicamente en la relación tan deteriorada con el gobierno del estado?

FVP: Yo lo que leo es que el gobernador ha hecho señalamientos en relación específicamente en contra de algunas autoridades de la Universidad, no necesariamente ha planteado una ruptura con la institución. 

Lo que observo es que quien cometió eventualmente un equívoco en el manejo de la relación con la Universidad fue el auditor (ASE), por tratar de revisar más allá de lo que le toca auditar, que son los recursos públicos de carácter estatal que se otorgan a la Universidad. Ese fue un conflicto que estuvo ahí, presente. 

El otro tema es lo que ha declarado el gobernador en relación a que hay cinco personas detenidas, que yo en lo personal no sé quienes son.

A finales de junio de este año el gobernador Barbosa dijo en una rueda de prensa: “Que nunca más se repita en la BUAP la circunstancia de los rectores millonarios, enriquecidos brutalmente, de esos, los que han pasado cuatro o cinco rectores anteriores y todo su grupo político que los han rodeado (…) ahí están las pruebas, hay cinco detenidos”.

No hay por parte de la comunidad universitaria señales de que los detenidos sean parte de la universidad, la propia institución no ha declarado que los detenidos sean funcionarios o empleados administrativos de la universidad. El gobernador sólo ha dicho que son cinco detenidos. En otros espacios en donde se han planteado trascendidos se señala que esos detenidos tienen que ver con las empresas outsourcing, con procesos de facturación no adecuados. En nuestro caso, no tenemos información al respecto.

Por eso insisto: nuestra posición es muy clara, la responsabilidad institucional tiene que ver con las auditorías y la posición con respecto a la defensa de la autonomía está centrada en eso, con el asunto de cuáles son los límites de lo auditable por la ASE, igual que los límites de la ASF. Y estamos señalando que hay que modificar o revisar el marco jurídico institucional para alinearlo con respecto al tema de delincuencia organizada, lavado de dinero, etcétera. 

Y coincidimos con la preocupación de que también en lo que se refiere a los ingresos propios, la Universidad tiene que ser plenamente transparente, debe rendir cuentas, porque finalmente el patrimonio universitario también debe ser parte de esa rendición de cuentas, no solo los ingresos. El patrimonio incluye otras cosas más: bienes artísticos, colecciones científicas, muchas cosas. El manejo mismo de su patrimonio inmobiliario también debe ser objeto de transparencia. Ahí estamos totalmente de acuerdo y coincidimos con los actores políticos que se han expresado en ese sentido.

LB: Es tentación de todo gobernante el buscar el control de todos los espacios del poder, en el Congreso, en el Poder judicial, sus contrapartes, pero también la Universidad, no creo que no haya habido un gobernador que no haya estado interesado en influir de alguna manera en la toma de decisiones de la Universidad. ¿Usted ve que el gobernador esté intentando influir en el proceso electoral?

FVP: No lo sé, yo creo que las declaraciones que ha hecho el gobernador alrededor del tema y las circunstancias respecto al rector son de hace dos años, no estábamos aún en proceso electoral. Y los señalamientos últimos relacionados con los cinco detenidos, tampoco alude a que sean relacionados con la universidad. 

El control

Las candidaturas de Enrique Doger y Enrique Agüera a puestos de elección popular bajo las siglas del PRI evidenciaron, en su momento, su buena relación como actores políticos universitarios con ese instituto político, uno con mayor suerte que el otro en dos momentos políticos muy distintos. A Esparza, en cambio, le tocó la relación con un poder político con siglas distintas, primero con el panismo de Rafael Moreno Valle y su extensión política con Antonio Gali Fayad. Después, con Luis Miguel Barbosa que llegó abanderado por Morena. En los dos casos, igual que pasó durante el priísmo, el poder político buscó vías y mecanismos de cooptación y control, con más o menos sutilezas. En los dos años y meses que lleva al frente del gobierno del Estado, la relación de Luis Miguel Barbosa con el actual rector ha sido, cuando menos, ríspida.

LB: En los últimos procesos que ha cruzado la universidad tuvo como actores principales a personas que estaban dentro de la estructura burocrática, muy cercanos al rector, que son quienes van heredando el poder…

FVP: ¿Cuál es la lógica de esa estructura? La última elección competitiva que hubo en la universidad fue la candidatura de Enrique Doger contra la candidatura de Pedro Hugo Hernández Tejeda y en donde participó también como candidato Ismael Ledezma. Esa elección la ganó Enrique Doger. Fue una elección que operó parte de la estructura institucional a favor de Enrique, pero también Pedro Hugo tenía, digamos, base social, una trayectoria universitaria. El propio Ismael que fue fundador de la hoy facultad de Biología. Eran universitarios con presencia. Y resultó un proceso competido. 

Luego —explica— vino la transmisión del poder. 

LB: ¿Y qué pasa con Esparza? 

FVP: Bueno, los dos rectores anteriores (Doger y Agüera) decidieron incursionar en la política, entonces no terminaron su segundo mandato. El rector Esparza decidió terminar su segundo mandato. Eso les desconfiguró el cuadro. 

El rector Esparza tendría que haber conducido el proceso de elección del Consejo Universitario, y con ello, en el marco de las formas de control tradicionales, designar al sucesor, como había venido ocurriendo, pero ya no les fue posible por tres razones fundamentales. 

La primera, por el conflicto personal con el gobernador, cosa que los rectores anteriores no tuvieron, o al menos no expresaron que lo hubiera. 

Segundo, porque no le corresponde al Consejo Universitario designar al nuevo rector en los términos a los que él lo designaron y designaron al rector Agüera. No había en este caso un rector interino, sino que se debía abrir a la elección de un rector de cuatro años. 

Y tercero, porque la pandemia vino a romper con los mecanismos tradicionales de control de los estudiantes en particular. La estructura de control de los estudiantes tiene que ver con los llamados lobomentores, a través de los cuales se opera la organización y se presiona a los estudiantes para que actúen de determinada manera. El hecho de que llevemos más de seis meses con actividades no presenciales implica que los lobomentores no tengan contacto con los estudiantes, por lo menos con las tres generaciones que han ingresado a la universidad con la pandemia. 

En 2019 ingresó [la generación] todavía con actividades presenciales, pero a partir de marzo dejó de tener actividades presenciales. Luego las dos relacionadas con el 2020 y el 2021. Son tres generaciones de estudiante que significan alrededor del 65 por ciento de la matrícula actual que no están sujetos a esas presiones, por lo tanto los que están en la estructura universitaria actual no saben cómo van a comportarse, les da miedo que pierdan el Consejo Universitario, por que los que sí han estado activos son los estudiantes que se movilizaron, que organizaron el paro a principios del 2020. Tuvieron la capacidad para organizar un paro de la universidad. 

El gran temor que tienen es que el proceso de elección del Consejo Universitario, particularmente el caso de los estudiantes, se salga de control, no puedan operar con las formas tradicionales de control y con sus operadores políticos tradicionales.

Esa parte, digamos, la pandemia vino a afectar esa parte de la operación política con la cual venían actuando. Y en el caso de los profesores, algo que mostró también la pandemia, y el cambio de política federal en relación a los estímulos y recompensas, es el descontento de los académicos, porque tuvieron que modificar el sistema. 

Cerca de mil profesores firmamos, protestamos y le planteamos al rector que tenía que modificar el programa de Estímulo al Desempeño del Personal Docente (ESDEPED). Se vio obligado a tramitar una reunión con la SEP estatal en la cual estuviéramos los representantes de los que habíamos manifestado nuestro descontento, ahí se hizo evidente que si bien la Secretaría de Educación Pública establecía los lineamientos, la Universidad le había añadido cosas en función de sus propios intereses.

Entonces tuvieron que negociar que a pesar de que se aplicara ese sistema de evaluación que ellos estaban promoviendo internamente, tuviera que haber una compensación con recursos adicionales para todos los profesionales que estaban de origen siendo parte del sistema de estímulos y recompensas. Ese otro indicador marcó la alarma en el sentido de que los profesores, particularmente los de medio tiempo y de tiempo completo, pues están descontentos con respecto a la forma que están operando algunas cosas. Esas dos alarmas los conducen ahora a intentar diseñar un sistema de control absoluto sobre el proceso electoral.

LB: En ese escenario, ¿hay posibilidades de una elección competitiva como la que se vio en aquel momento? 

FVP: No, en el marco de lo que ellos están decidiendo de voto electrónico no. Yo recibo constantemente mensajes señalando temas que marcan la irregularidad del proceso.

Por ejemplo, hoy recibí una queja de un estudiante que ni siquiera es del Instituto (ICSyH), que no se ha podido inscribir a pesar de ser regular y tener promedio de 8.6, etcétera. Entonces solamente le van a dar correo a quienes estén inscritos regularmente, pero sí hay un proceso de selección para que solamente puedan votar los que ellos decidan que están inscritos.

Entonces, por eso digo, la Universidad está siendo conducida a través de chicanas jurídicas por razones políticas.

Entonces, ¿qué está ocurriendo en esta obsesión por imponer una candidatura, por resolver una candidatura a favor de una persona? Están debilitando la institucionalidad, están colocando la universidad en riesgo para que cualquier actor político, externo o incluso interno, decida actuar jurídicamente en contra de la Universidad, en las condiciones que sea.

Por eso hemos insistido en que nuestra principal preocupación es el regreso a la legalidad, la preservación de la institucionalidad. Porque ya sabemos cómo empiezan estas cosas, pero nunca sabemos cómo terminan.

LB:¿Y el carácter académico de la Doctora no significará un cambio?

FVP: No lo sé, hasta ahorita las únicas exposiciones que ha hecho se refieren al COVID, no sé cuáles sean sus ideas sobre la universidad.

*Foto de portada: Marlene Martínez