El robo de hidrocarburos no sólo genera afectaciones económicas a Pemex y dispara los índices de diferentes delitos en los municipios donde más prevalece este ilícito: también provoca afectaciones a la tierra y agua, pues muchas veces las tomas clandestinas terminan en derrames en terrenos y corrientes hídricas donde, en la mayoría de los casos, el daño no es resarcido por ningún instancia gubernamental, señala el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).

En su informe El robo de hidrocarburos en ductos, un delito enemigo del medio ambiente, publicado en noviembre de 2020, el Igavim destaca que Puebla es el tercer estado con mayor superficie identificada con derrame de hidrocarburo al registrar 308 mil 996 metros cuadrados de tierra afectada, sólo por detrás de Guanajuato y Tabasco que tienen 643 mil 813 m² y 611 mil 365 m², respectivamente.

Lo anterior quiere decir que la superficie afectada por los derrames de hidrocarburo en Puebla equivalen a 43 canchas del estadio Cuauhtémoc. Además, la mayoría de los sitios en donde se registraron los derrames son de vocación agrícola y pecuaria, aunque algunos también son de selva y bosque, pero en menor medida. 

El Igavim destaca que las 8 mil 388 tomas clandestinas identificadas, del 2012 al 2019 en Puebla, afectaron a 968 sitios en donde hubo derrame de hidrocarburo. Esta última cifra equivaldría al 11 por ciento del total de las tomas identificadas.

Por lo anterior, Puebla tiene el segundo registro con mayor porcentaje de superficie afectada por derrames de hidrocarburo, respecto al número de tomas clandestinas identificadas; el primer lugar lo ocupa Guanajuato, ya que las 7 mil 830 tomas clandestinas que tiene registradas de 2012 a 2019 afectaron a 3 mil 995 sitios, lo que representa el 49 por ciento del total de tomas registradas.

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Un dato alarmante es que la entidad se ubica en el segundo lugar a nivel nacional en el número de sitios identificados con derrame de hidrocarburo sin cuantificar la superficie afectada, pues no han sido calculados los metros cuadrados de tierra contaminada de 788 registros de derrames. En 2016 se detectaron 470 sitios con derrame sin daño cuantificado en Puebla: ese ha sido el año con más registros de ese tipo; le siguen 2015, con 114 registros; 2017 con 84; 2018, con 63, y 2019 con 29 registros de derrames sin cuantificar.

El primer lugar lo ocupa Guanajuato con 2 mil 128 sitios con derrame sin cuantificar, y el año en el que más registros tiene es el 2017 con 820.

Contaminación del agua

Asimismo, de acuerdo con el Igavim, de 2015 al 2017, Puebla registró 23 afectaciones  a corrientes de agua intermitentes y cinco a corrientes de agua perenne –que fluyen todo el año–. En total calculan un daño ambiental en todo el país de 192 corrientes de agua intermitente, 43 perenne y 28 canales, pero la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sólo informa de 61 afectaciones a cuerpos acuíferos en México.

La dirección de Puebla de Conagua informó al Igavim que presentaron una denuncia, el 20 de marzo de 2015, ante la Procuraduría General de la República (PGR), por una fuga en una tubería en Huauchinango alegando delito contra el ambiente y gestión ambiental. 

Asimismo, el 20 de abril de 2017 denunciaron una toma clandestina en San Martín Texmelucan también ante la PGR y, por último, presentaron una denuncia el 29 de mayo del mismo año por una fuga en el municipio de Francisco Z. Mena, aunque esta última fue presentada ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); en ambos casos por delitos contra el ambiente.

De acuerdo con el informe, la Conagua no realizó un seguimiento sobre las afectaciones a los cuerpos acuíferos. Acerca de las denuncias que se presentaron ante la PGR y ASEA tampoco hay información, pues en los datos que proporcionaron al Igavim no viene el status de dichas denuncias. 

A esto se le suma que hay un desconocimiento de la magnitud real de la contaminación, ya que, al tratarse –en algunos casos– de corrientes perenne se desconoce “la esfera contaminante del trayecto”.

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En el caso de las afectaciones a corrientes de agua es donde menos claridad hay respecto al número de incidentes y su remediación, contrario a los derrames en tierra en donde sí hay superficie cuantificada de forma parcial. El Igavim sólo logró obtener a través de solicitudes de información datos muy limitados sobre la afectaciones al agua, y advierte que no hay un análisis ni seguimiento por parte de Conagua, ni de otras instituciones como la Semarnat, de los daños ambientales. 

Los derrames de hidrocarburos también generan emisiones contaminantes a la atmósfera, pero estas aún no son cuantificadas; además, la contaminación del agua y el suelo, al ocurrir la mayoría de veces en terrenos utilizados para la agricultura y pecuaria, afectan a las y los campesinos de forma directa, pues el suelo cambia su ph y dificulta el crecimiento de la siembra. 

Remediación de suelo afectado por derrames tiene un alto costo

Foto: Viridiana Contreras

Pemex reveló que el costo estimado por la caracterización del suelo (estudio para identificar  las particularidades de la tierra y detectar posibles afectaciones después de un derrame de hidrocarburo) es de 440 pesos por metro cúbico, y por la remediación del sitio por metro cúbico es de mil 297 pesos, de acuerdo con cotizaciones hechas en 2018, que fueron informadas al Igavim. 

Así, estiman que el costo aproximado para remediar mil metros cuadrados de superficie afectada asciende a un millón 737 mil 652 pesos, por lo que para atender los 308 mil 996 metros cuadrados afectados en Puebla se requerirían, aproximadamente, 536 millones 934 mil 468 pesos.

Además, el Igavim revela que Pemex ha remediado apenas el 2.3 por ciento de superficie afectada (aproximadamente) por derrames de hidrocarburos en todo el país, pero ninguna de esas acciones de resarcimiento fue realizada en Puebla. 

Las procesos que han utilizado para la recuperación del terreno afectado son la biorremediación –utilización de organismos para remover compuestos orgánicos–, y el bioventeo –suministro de aire para sostener la actividad de los organismos degradadores–; sin embargo, en su respuesta, la paraestatal no desglosa las cotizaciones ni las técnicas específicas de cada proceso utilizado en la superficie que ha remediado. 

Por su parte, la investigadora de la Upaep, Beatriz Pérez Armendáriz, destaca que la recuperación ambiental de la tierra afectada puede tardar hasta diez años, y justo una de las formas más comunes de resarcir el daño de la superficie es la biorremediación.

Dentro de este proceso está la fitorremediación que, según la investigadora, es el proceso más asequible y en ocasiones más efectivo para resarcir el daño. Este consiste en la siembra de ciertos cultivos como el tomate, pepino, calabaza o frijol para combatir la contaminación, aunque también se pueden utilizar otros elementos como hongos y enzimas. 

Sin embargo, destaca que utilizar esta técnica no es sencilla pues dependerá de la caracterización del suelo, ya que el diesel y gasolina no tienen efectos similares en la superficie y el agua. 

Esta técnica fue utilizada por la investigadora Pérez Armendáriz en un derrame en Acatzingo, y se observó una remoción de hasta el 84 por ciento de antraceno (fracción de los hidrocarburos poliaromáticos del petróleo que se dispersan en el suelo tras un derrame), pero el resarcimiento de la tierra fue una investigación aislada y los hallazgos no fueron considerados en una política pública, pues no hay registros de resarcimiento ambiental por parte de Pemex en la entidad.

El responsable de los derrames de hidrocarburos

Ductos de Pemex en campos de cultivo de San Martín Texmelucan
Foto: Marlene Martínez

De acuerdo con el artículo 15, fracción I, inciso c de la Ley Reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Mexicana, Pemex no podrá ser declarado como el responsable de la contaminación del sitio cuando el daño al ambiente tenga como causa un evento fortuito, de fuerza mayor o que resulte de actos ilícitos –como el robo de hidrocarburo–; por ello es que, ante un derrame de hidrocarburo provocado por el huachicol, la paraestatal no está obligada a atender el área afectada. 

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Por otra parte, el artículo 70 de la Ley General para la Prevención Integral de Residuos establece que: “Los propietarios o poseedores de predios de dominio privado y los titulares de áreas concesionadas, cuyos suelos se encuentren contaminados, serán responsables solidarios de llevar a cabo las acciones de remediación que resulten necesarias, sin perjuicio del derecho a repetir en contra del causante de la contaminación”; algo que no sucede. 

Sin embargo, Pemex se amparó en 2017 en contra de una resolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que lo obligaba a remediar las afectaciones provocadas por un derrame de hidrocarburo en Guanajuato a raíz de una toma clandestina, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en ese año que la paraestatal no podía ser sujeto de responsabilidad solidaria, pues puso en primer lugar lo referido en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del artículo 27, por lo que se exime a Pemex de resarcir el daño. 

Otro factor que imposibilita el resarcimiento de la tierra y agua contaminada es que ninguna dependencia estatal ni municipal en México cuenta con procedimientos que documenten el grado de contaminación y, sobre todo, que tengan mecanismos para reparar el daño ocasionado por los derrames de hidrocarburos; aunque sí hay proyectos de universidades como la Upaep y BUAP, estos sólo se ha quedado en investigaciones, pues al ser delito federal los estados no tienen mucho campo de acción. 

El problema, al no estar claro quién debe de resarcir el daño, es que no se pueden fincar responsabilidades, pues si bien todos los reglamentos mencionan que los daños tienen que ser reparados por quien los cause, esto no se cumple, ya que las sanciones a las personas que se dedican al robo de combustible sólo contemplan cárcel y multas económicas, pero no reparar el daño ambiental causado por los derrames. 

Las omisiones al no resarcir el daño ambiental provocado por los derrames viola el artículo 4 de la Constitución Mexicana, que establece el derecho a un ambiente sano para el desarrollo y bienestar, y además estipula que es deber del Estado garantizar ese derecho, algo que el Igavim denuncia no han hecho las instituciones.

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El Igavim concluye que es necesario que Conagua, Sedatu, Semarnat, Pemex y ASEA den un seguimiento inmediato de todos los sitios afectados por derrames cuando estos tienen contacto con alguna corriente de agua superficial y subterránea, así como en superficies, a fin de “prevenir que el impacto ambiental multiplique la afectación sobre el ecosistema”. Además, recalcan que es importante que la Secretaría de Salud y Cofepris expongan las afectaciones que se pueden provocar a la salud. 

*Foto de portada: Marlene Martínez