Hoy el Congreso de Puebla aprobó por unanimidad reformar la Constitución local para reconocer el derecho a la movilidad de peatones, personas con discapacidad y quienes no se transportan en vehículos motorizados, para así avanzar hacia ciudades en donde el automóvil no sea la prioridad en el diseño de infraestructura y políticas públicas. El siguiente paso, destacan colectivos en favor de ese derecho, será garantizar el presupuesto para implementar proyectos en la materia. 

Giovanni Zayas, consultor de movilidad e integrante del colectivo Cholula en Bici, explica en entrevista para LADO B que el reconocimiento del derecho de movilidad es un gran avance para disminuir las muertes de peatones y ciclistas, y hacer más incluyentes las calles de las ciudades, pero se requerirá de presión civil para que se concrete el cambio porque muchas veces las reformas se aprueban pero no se cumplen. 

“[El reconocimiento del derecho de movilidad] es un avance pero si no se hace el trabajo de cambiar las calles de las ciudades la ley y el derecho a la movilidad va a quedar en letra muerta. [Los colectivos] vamos a aprovechar este logro para impulsar de manera más contundente la agenda que hemos venido trabajando desde hace más de 20 años. [La reforma no] es para sentarnos en nuestro laureles (…) lo más importante es cambiar las calles de nuestra ciudad”, señaló.

La voluntad política y el presupuesto serán factores que harán que la reforma no se quede en letra muerta, considera Giovanni Zayas ya que advierte que “la abrumadora mayoría de los recursos que se destinan a obras son para el auto particular. Entonces necesitamos un presupuesto a la altura de las necesidades de movilidad y de espacio público de las poblanas y los poblanos”.

Al respecto, Claudia Orea, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana de Movilidad, dice en entrevista con este medio que sin el presupuesto necesario: el derecho a la movilidad no va a ser una realidad, por lo que pidió al Congreso etiquetar una partida presupuestal para proyectos de transporte público –el cual no se modernizado a más de un año del aumento de tarifa–, infraestructura ciclista y espacios de tránsito pública para garantizar que se cumplan las normas que ya establecen obligaciones más claras. 

Las reformas

Con 35 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, las y los diputados aprobaron el dictamen. A partir de ahora, el artículo 12 de la Constitución local establece que el gobierno tiene la obligación de reconocer, promover y garantizar el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de asequibilidad, seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión, igualdad, equidad y modernidad.

Además, la reforma al artículo 13 obliga al estado y municipios a adecuar los programas de movilidad a las necesidades y realidades de los pueblos y comunidades indígenas, el artículo 105 a los municipios a la formulación de los planes en materia de movilidad y seguridad vial en los términos de la actual legislación, y artículo 123 a establecer como obligación del estado la vigilancia del cumplimieto de las nuevas leyes y dispocisiones.

Esta es la tercera vez en esta legislatura que se reforma la Constitución de Puebla, y la aprobación es una homologación con las reformas impulsadas a nivel federal. En un lapso no mayor a 180 días se deberá expedir una Ley de Movilidad y Seguridad Vial, algo que durante muchos años colectivos y organizaciones civiles han demandado.

Las y los diputados José Juan Espinosa y Guadalupe Muciño del PT; Vianey García, Gabriel Biestro, Emilio Maurer, Fernando Jara y María del Carmen Saavedra de Morena; Nora Merino (PES); Carlos Alberto Morales (MC); Uruviuel González (CCP); Jose Avendaño (PRD); María del Rocío García Olmedo y Jonathan Collantes del PRI; Oswaldo Jimenez, Nancy Jimenez, Raúl Espinosa del PAN, y Marcelo García (sin partido) presentaron iniciativas en la materia, mismas que fueron dictaminadas en el pleno bajo principio de concentración.

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También se reformó la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado con 35 votos a favor para establecer las facultades y obligaciones de las secretarías de Infraestructura y Movilidad y Transportes, priorizando el desplazamiento de peatones, conductores de vehículos no motorizados y personas con discapacidad para responder a las reformas de la Constitución. 

Puebla capital, ejemplo de una norma incumplida

Foto: Olga Valeria Hernández

En el caso de Puebla Capital, explica Giovanni Zayas, existe una Norma Técnica de Diseño e Imagen Urbana que está bien estructurada –incluso es una de las mejores a nivel nacional– pero al momento de la implementación, la administración municipal no cumple con sus propias normas, por lo que señala hay simulación de muchos funcionarios, y “son los ciudadanos los que tiene que exigirle a la autoridad que cumpla con su propia normativa”. 

Giovanni Zayas dice que aunque la nueva red de ciclovías y la eliminación de algunos puentes peatonales en el municipio son una buena noticia: sólo son una parte de lo que se necesita hacer en Puebla. 

El integrante de Cholula en Bici le atribuye la falta de celeridad para cambiar el modelo de ciudad, a que los representantes populares no se mueven como la mayoría de la población, ya que muchas veces se les ve en camionetas de más de tres toneladas con valores que superan el millón de pesos”, y dijo que a los ciudadanos les gustaría ver a “representantes populares que se parezcan más a nosotros y a cómo nos movemos diariamente por las calles”.

En tanto, Claudia destaca que la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública da más facultades a los municipios para “incidir en lo que se va a modificar en su territorio”, ya que anteriormente se daba mayor importancia al estado y a la federación, y con esto cada municipio podrá implementar programas de movilidad de acuerdo a su realidad que a nivel local es más fácil dimensionar. 

Reapropiación del espacio público

Foto: Olga Valeria Hernández

Claudia Orea explica que el modelo de ciudad que se tiene en la actualidad responde a la dinámica del último siglo en donde el crecimiento de las ciudades hizo que las calles fueran diseñadas para los automóviles, dejando a un lado otras formas de traslado. El reconocimiento del derecho a la movilidad, dice, abona a la reapropiación del espacio  público porque manda el mensaje a la sociedad de que hay otras alternativas de movilidad que dan una mejor calidad de vida. 

Giovani recuerda que antes de que se popularizara el uso del automóvil los niños podían salir a jugar a las calles sin ningún miedo, pero desde 1980 hasta 2019 el número de autos en México se multiplicó en un 778 por ciento, al pasar de 5 millones 758 mil 330 vehículos a 50 millones 594 mil 282, de acuerdo con el Inegi.  

El también consultor de movilidad dijo que la sociedad civil presentó una propuesta titulada Ley de Movilidad  Segura y Sustentable del Estado, en la que se contempla la capacitación para la movilidad, más requisitos para que los conductores obtengan sus licencias y la destinación de al menos el 30 por ciento de los recursos de los fondos metropolitanos a proyectos enfocados a peatones, ciclistas y personas con discapacidad, y esperan sea contemplada por las y los legisladores.

Abunda en que las calles deben responder a todos los usos y necesidades que tienen las personas que no se mueven en autos particulares, y sobre todo para que exista una reapropiación del espacio público, ya que en la actualidad las personas y los ciclistas salen a las calles con temor a ser atropellados. 

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Ambos expertos en movilidad coincidieron en que otro punto a tomar en cuenta es la necesidad de modernizar el transporte público y pasar a un modelo más integrado. Dijeron que es urgente garantizar la capacitación de los conductores y destinar un carril exclusivo para este medio de transporte porque una práctica común es hacer paradas en doble fila y eso ha provocado decenas de accidentes viales. 

La sociedad será la principal observadora del cumplimiento de las reformas

Hay una sociedad civil muy activa y muy determinada, considera Giovanni Zayas, y deberá estar incluida en los procesos de planeación de las vialidades para hacerlas incluyentes. 

Asimismo, dijo que “el reconocimiento de este derecho no es un favor a la sociedad civil, es una obligación incluir a ciudadanos y ciudadanas para que participen en estos procesos de cambio”.

“Vamos avanzando muy lento, a nosotros nos gustaría que fuera más rápido porque cada día que pasa se nos está muriendo gente en la calle (…)  entendemos que tenemos que tener mucha paciencia y profesionalismo, pero sin olvidar la urgencia de que la gente deje de morir en nuestras calles (…) Por Manu, quien murió trabajando por ciudades más seguras (…) y por la gente que va por la calle a hacer su vida, y que eso les ha representado la muerte”.

En un futuro, Giovanni  Zayas espera que el salir a la calle no represente un peligro para nadie, y que los medios de comunicación y gran parte de la sociedad dejen de revictimizar a las personas que han sufrido las consecuencias de habitar ciudades hechas para los vehículos y que se deje de decir “murió por no usar el puente peatonal o por andar en bicicleta o simplemente caminando”. Para eso será necesario no quitar el dedo del renglón y seguir exigiendo mejores condiciones de movilidad. 

Claudia Orea espera que las calles sean aptas para que la gente pueda salir a caminar con comodidad, y conforme a las normas, con ciclovías en cada sentido, y con carriles exclusivos para transporte público, así como que las y los conductores de vehículos estén verdaderamente capacitados para estar al frente del volante, ya que de esa forma se podría garantizar su seguridad y la de las personas que caminan o que van en bici.  

*Foto de portada: Marlene Martínez