Una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó lo que LADO B y Animal Político publicaron en 2018: Martha Erika Alonso Hidalgo, la entonces candidata del PAN al gobierno del estado, usó una empresa que forma parte de una red de compañías fantasmas que obtuvieron contratos por 115.9 millones de pesos en los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

Al realizar una auditoría forense a un programa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la ASF detectó que Goodman Constructora e Inmobiliaria S.A. de C.V. y Cohle Constructora e Inmobiliaria S.A. de C.V.  eran en realidad empresas fantasmas o de papel.

Goodman y Cohle formaban parte de una red de 35 empresas que comenzó en 2013, dos años después de que Rafael Moreno Valle se erigió como el primer gobernador panista en Puebla; Asesores Feng, quien fue proveedora de servicios de logística y organización de eventos en la campaña de Alonso Hidalgo, es parte de esa red.

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En el reportaje que publicamos junto con Animal Político documentamos que 20 de esas 35 empresas fueron creadas con el mismo corredor público entre diciembre de 2015 y enero de 2016, y compartían socios, administradores, direcciones, números de teléfono y correos electrónicos. 

Lo que halló la ASF

En su informe la ASF dice que al revisar un proyecto para desarrollar infraestructura y equipo para empaque de hortalizas que presentó la empresa Integradora Mexicana de Hortalizas, S.P.R de R.L. a la Sagarpa por un costo de 17.3 millones de pesos, detectó que entre sus proveedores estaban las empresas Goodman y Cohle.

El 13 de septiembre de 2018, el personal de la ASF acudió a los domicilios registrados en las facturas que presentaron Goodman y Cohle, una oficina ubicada en la colonia Tierra y Libertad de la ciudad de Puebla, allí encontraron un edificio que llevaba más de un año desocupado. Era la misma dirección que tenía en sus facturas y contratos Asesores Feng

La ASF envió entonces un correo certificado al domicilio fiscal de las empresas y sólo logró comunicarse con Goodman, quienes les entregaron la documentación solicitada. En esta la ASF detectó que:

“[La empresa] no cuenta con personal para poder llevar a cabo los servicios, dicha situación fue confirmada por personal de la misma empresa, donde manifestaron que no cuentan con personal, en razón de que contrata los servicios de mano de obra a terceros que se encargan de solventar lo relacionado con el impuesto sobre nómina, así como de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit)”. Es decir, reconocieron que eran una empresa de papel.

Pero, además, la ASF pudo revisar la documentación de las cuentas bancarias de Goodman y de Cohle. En la primera de las empresas “se detectó que, todos los recursos pagados por la empresa beneficiada fueron retirados el mismo día o máximo a los tres días después de recibidos” y que se dispersaron 7.1 millones de pesos entre dos empresas más: Asesores Barnes y Servicios Administrativos ASBO.

En la empresa Cohle se detectó que el dinero que le pagó la Sagarpa fue transferido de inmediato a otras tres empresas de la red: Asesores Barnes, Products and Services WIN y Servicios Administrativos ASBO.

A través de la documentación que entregó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a la ASF confirmaron que el gerente general de Goodman y Cohle era la misma persona, y era también “el único autorizado que firma en la cuentas bancarias de ambas empresas”.

Que investigue el SAT

En la auditoría, la ASF pidió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que audite a varias de las empresas de la Red, además de Goodman y Cohle: Asesores Barnes, Servicios Administrativos ASBO, Rikkon, Products and Services WIN, pues “recibieron recursos federales, sin emitir un CFDI”.

Sobre Goodman y Cohle, se le notificó al SAT que la primera “no fue localizada y no presentó declaración anual de ISR del ejercicio 2017”; y la segunda tampoco fue “localizada, y emitió CFDI por equipos o infraestructura que ya existía previo al otorgamiento del subsidio”.

Hasta el cierre de edición no hay información pública sobre su alguna de las empresas está en proceso de investigación; los listados de empresas fantasmas, probables o definitivas del SAT no las registran.

*Foto de portada: Facebook Martha Erika Alonso