Paola fue víctima de violencia obstétrica hace 11 años que provocó la muerte de sus dos hijos (gemelos) de cinco meses de gestación. La causa fue una omisión del personal de salud del IMSS que no hizo nada cuando en el primer ultrasonido (solicitado por la paciente debido a molestias) notaron que uno de los productos tenía más líquido amniótico de lo habitual –de acuerdo a Paola a causa de su presión arterial–, lo que le dijeron que era normal y que con el tiempo se iría reduciendo. 

Sin embargo, Paola se sentía mal aun después del ultrasonido (realizado a las ocho semanas de embarazo), y decidió regresar a consulta pero el personal médico que la atendió asoció los malestares con su embarazo (patologizando el proceso natural).  Le dieron medicamentos sin realizar los estudios necesarios para encontrar la causa de sus molestias que no eran propias de la gestación, pues ya había tenido a una hija y no experimentó molestias tan graves.

Con malestares más frecuentes, y después de acudir por dos semanas al IMSS porque su salud no mejoraba, Paola acudió al Hospital Universitario por una segunda opinión, pues en el seguro social no le daban el motivo de sus molestias. Esta vez le dijeron que la iban a operar de la vesícula, y sin tener certeza del diagnóstico –debido a que los médicos lo manejaban como una hipótesis– procedieron a la cirugía.

Todo salió en apariencia bien y Paola regresó al Hospital Universitario una semana después para que le quitaran los puntos, y el personal médico que la atendió le dijo que se había infectado la herida pero que no la podían coser, por lo que tenían que hacerle curaciones y esperar a que sanara por sí sola, lo cual no ocurrió. 

A la par, el líquido amniótico continuó aumentando hasta que a Paola se le dificultó respirar y regresó al Hospital Universitario para ser atendida pero por ser derechohabiente del IMSS fue trasladada a San Alejandro: en ese momento Paola entró en labor de parto y dada la premura, los gemelos murieron.  

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El embarazo de Tania –el cual fue hace cinco años– también estuvo lleno de malas experiencias desde el momento en el que acudió a una clínica privada para confirmar que estaba esperando a su primer hijo. Al  hacerle la prueba sanguínea, la doctora se dio cuenta de su miedo a las agujas y le dijo: “así hubieras hecho cuando te lo hicieron (sic)”, en ese momento no sabía qué hacer, pues con el comentario se sintió muy incómoda, pero decidió no decir nada.

Ya en el parto, el cual se realizó en un hospital público de Atlixco, a la madre de 24 años le practicaron la episiotomía  –que consiste en hacer una incisión quirúrgica en el perineo (zona entre la vagina y el ano) cuando el cuello uterino no se dilata por completo–, a pesar de que sólo tenía 20 minutos en trabajo de parto y dicho procedimiento debería de utilizase como último recurso después de horas de labor de parto. 

La utilidad de este procedimiento ha sido cuestionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en su recomendación 39 especifica que su práctica no debe ser rutinaria.

Cuando Tania por fin tuvo a su bebé en brazos, el médico titular le dijo: “procederemos a ponerte el DIU porque tu pareja ya dio la autorización”. Y aunque ella ya había considerado esa opción, se le hizo una falta de respeto que le dieran a su esposo la facultad de decidir sobre su cuerpo. 

Tania y Paola no sabían que habían sido víctimas de violencia obstétrica pues el concepto les resultaba ajeno. Tania se enteró hasta que leyó, algunos meses después, un artículo sobre lo común que son esas prácticas en México; ese concepto le ponía nombre a lo que ella había experimentado. Y aunque era consciente de que fue víctima de violencia obstétrica, no sabía qué hacer. 

Paola sí interpuso una denuncia por negligencia médica unos meses después de lo ocurrido, pero también se enteró muchos años después de que fue víctima de violencia obstétrica, pues en ese entonces no existía un marco jurídico que contemplara este tipo de agresiones, y por ende tampoco una sanción, algo que cambió este año con la tipificación delito la violencia obstétrica.

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Por casos como el de Tania y Paola, Puebla es el décimo estado con más casos de violencia obstétrica en México, ya que el 34 por ciento de las mujeres de entre 15 y 49 años que han tenido hijas e hijos en la entidad han experimentado ese tipo de violencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (Endireh) de 2016, aunque sólo se tomó en cuenta una muestra de la población y el número podría ser mayor. 

Tipificación del delito de violencia obstétrica

El 10 de noviembre, el Congreso aprobó reformar el Código Penal para tipificar el delito de violencia obstétrica a través de la modificación del artículo 343 Ter para especificar las penas por provocar esterilidad (reversible e irreversible) a la mujeres –entre las que se incluye el retiro de la licencia médica– , y la adición del artículo 364 Bis que describe cada una de las acciones consideradas violencia obstétrica que podrán ser castigadas. El personal médico será sujeto de sanción cuando:

1. No atienda o no brinde atención oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, parto, puerperio o en emergencias obstétricas. 
2. Altere el proceso natural del parto de bajo riesgo, a través del uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. 
3. No obstante existir condiciones para el parto natural, practique el parto por vía de cesárea, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.
4. Aun cuando existan los medios necesarios para la realización del parto vertical, obligue a la mujer a parir acostada sobre su columna y con las piernas levantadas o en forma distinta a la que sea propia de sus usos, costumbres y tradiciones obstétricas.

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Para los casos antes mencionados, las multas serán de de 50 a 30 días de sanción, y tres a seis años de prisión. También otras seis prácticas podrían derivar en penas de cárcel para quienes las cometan, aunque serán de máximo tres años.

La violencia obstétrica está incluida en los órdenes jurídicos de 20 estados de la República –en el caso de Puebla se incluye en el artículo 10 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia–, pero sólo en cinco entidades se castiga con cárcel: Veracruz, Guerrero, Chiapas, Estado de México, y ahora Puebla. La Ciudad de México es el estado en el que más casos de este tipo de violencia se presentan, y no hay ningún marco normativo que la considere ni que la sancione.

El dictamen promovido por el diputado Raymundo Atanacio Luna (PRD), que sólo espera a ser publicado en el Periodico Oficial del Estado (POE) para entrar en vigor, afirma que las sanciones tendrán un impacto positivo: “el crear la tipificación penal del delito es también, parte fundamental para disminuir o erradicar su incidencia”. Esto evidencia la tendencia de los legisladores poblanos de seguir apostando por los castigos y no por la prevención y capacitación.

Apuesta por el sistema punitivo, lejos de resolver el problema

Cinayini Carrasco Colotle, directora general del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), explica en entrevista para LADO B que la tipificación del delito es un primer avance para disminuir los casos de violencia obstétrica en Puebla; no obstante, la falta de una estrategia integral que incluya capacitación y sensibilización del personal médico y administrativo podría permitir que estas prácticas continúen. 

“Lo que nosotras [Odesyr] vemos como problema es que no hay una estrategia ni de prevención ni de sensibilización. Mientras eso no exista, por más que le den años de cárcel y aumenten las penalizaciones [al personal de salud y administrativo], [los casos de violencia obstétrica] van a seguir sucediendo porque es una violencia contra las mujeres y a veces puede ser muy sutil (…) Desde las universidades es donde deben empezar a implementar este tipo de sensibilización”, explicó.

Cinayini advierte que al no haber un estudio profundo del problema, este no se va a solucionar: “se va [personal médico o] del área administrativa pero va a llegar otro u otra que va a volver a cometer el mismo error y a seguir violentando a las mujeres (…) mientras no se les esté evaluando y monitoreando nada va a cambiar”. Agregó que es necesario indicarle al personal médico y administrativo en que se están equivocando para poderlo cambiar.

Arturo Hernández, pasante de la maestría en Salud Pública, dice en entrevista para esta casa editorial que el problema de violencia obstétrica sí es en parte culpa del personal médico pero también del deficiente sistema de salud pública que no cuenta con instalaciones suficientes para atender al número de mujeres que llegan, día con día, a parir a hospitales públicos que tienen, en su mayoría, a médicos generales, y no a especialistas en ginecología.

Comenta que durante su internado en el Hospital General del Norte le tocó ver que en muchas ocasiones la capacidad de ese hospital estaba rebasada, ya que a veces dos mujeres tenían que ocupar la misma cama (cuyo tamaño es individual) con el riesgo de que se cayeran. 

Además, el uso de las episiotomías era constante con el afán de agilizar los partos y atender al alto número de embarazadas, algo que, menciona, no ocurre tan seguido en hospitales privados. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) reveló en un informe de 2016 que las episiotomías se practican en dos de cada 10 mujeres que acuden a parir a hospitales de la Secretaría de Salud, un número muy alto y contrario a la recomendación de la OMS.

El médico también explica que durante la licenciatura nunca recibió una materia donde recibiera sensibilización para no cometer violencia obstétrica, y que en los hospitales donde desempeñó sus funciones le tocó ver que organizaciones ofrecían cursos para el respeto de los derechos humanos de las pacientes, pero sólo tenían un carácter optativo y, por la carga de trabajo, el personal no asistía, pues tenían que tomar su tiempo de descanso.

Desconocimiento de lo que es violencia obstétrica, algo recurrente

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A pesar de que existe una definición de violencia obstétrica, es común que algunas mujeres desconozcan que han sido víctimas, pues hasta el momento no se han generado campañas de información en el sector público de salud, que es donde más casos de este tipo se presentan, de acuerdo con la Endireh 2016. 

El IMSS indica que con la Cartilla de la Mujer Embarazada difunden los derechos humanos de las mujeres, pero en el documento no se menciona nada de la violencia obstétrica. Lo mismo ocurre con el personal médico, pues aunque el IMSS asegura que ha impartido cursos en la materia, tan sólo el Hospital de La Margarita acumula cuatro casos de violencia obstétrica de julio a noviembre de este año; incluso el gobierno de Puebla comenzó una investigación. 

“Mientras el personal médico y administrativo no entienda realmente cuáles son los riesgos (…) vamos a seguir en el mismo círculo vicioso, porque además ni siquiera se contribuye a que las mujeres se den cuenta que están viviendo violencia obstétrica. Se ha normalizado tanto que [si son maltratadas en] el parto, embarazo o puerperio, es muy difícil a veces que ellas lo visibilicen, y si tienen un tipo de maltrato lo asimilan como si fuera algo normal”, explicó Cinayini.

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Carrasco considera que la dimensión del problema es aún desconocido, pues las estadísticas que se tienen sólo son de los casos denunciados, y como no se ha difundido suficientemente entre las mujeres embarazadas qué es lo que es la violencia obstétrica, pocas veces se denuncia. 

“Si tú le preguntas a una mujer si ha sufrido violencia obstétrica te va a decir que no, pero si haces preguntas más específicas como: cuánto tiempo tardaron en dejarle ver a su bebé (…) o qué medicamentos le administraron o qué información le dieron [sobre sus derechos humanos al momento de parir], es ahí en donde te das cuenta que vivieron violencia obstétrica sin que ellas lo vean como tal”, explicó.

Las consecuencias son más complejas en los pueblos originarios

El pasante médico Arturo Hernández explica que la mayoría de los partos en los pueblos originarios se hacen a través de parteras, pero cuando se llegan a complicar tienen que acudir a hopsitales, que en muchas ocasiones terminan en actos de violencia obstétrica y de discriminación por parte del personal médico y administrativo de las clínicas. 

Por otra parte, Violeta Valdés Alcantara, integrante del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, explica en entrevista para LADO B que la muerte de bebés de mujeres indígenas se ha dado por violencia obstétrica, pero también por discriminación, pues muchos hospitales no cuentan con intérpretes para mujeres que son monolingües. Asimismo menciona que una “de las grandes ausencias de este decreto es la falta de una perspectiva intercultural”.

Todas las personas entrevistadas coinciden en que la tipificación de la violencia obstétrica en Puebla está lejos de disminuir el número de casos, toda vez que no se contempla la capacitación del personal médico. 

Como ejemplo está Chiapas, estado que reformó su Código Penal para castigar estas prácticas el 24 de diciembre de 2014, pero que a la fecha no ha logrado disminuir sus números de violencia obstétrica pues en un informe del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) de 2015  indica que hubo nueve denuncias por violencia obstétrica en ese año, pero en 2019 aquella entidad registró 42 casos de muerte materna asociada a la violencia obstétrica.

*Foto de portada: serhii_bobyk | Freepik