Lo que comenzó como protestas estudiantiles espontaneas por un alza de las tarifas del metro en Santiago de Chile, se ha transformado en una movilización general en las calles contra el gobierno de Sebastián Piñera y la falta de respuestas a demandas de la sociedad, con el sustrato de la desigualdad como amalgama. Crédito: ONU
Mario Osava | IPS
Chile, con sus protestas multitudinarias, de creciente adhesión y estallidos de violencia, refleja mejor que otras rebeliones y los vuelcos electorales de octubre en América del Sur, los dilemas del futuro latinoamericano.
La región se destaca estos tiempos por la agitación en las calles que se diseminó por el mundo en esta década a partir de la llamada Primavera Árabe (2010-2013), al poner en cuestión la desigualdad recordista de América Latina, la sociedad y el modelo económico vigentes.
Sorprendió la profusión de participantes en la sublevación de los chilenos, iniciada por la desobediencia estudiantil que paralizó el metro para derivar luego en saqueos, batallas campales contra policías y militares y la movilización de 1,2 millones de manifestantes en Santiago, el 25 de octubre.
El estopín, el alza de 3,75 por ciento impuesto al pasaje del metro el 4 de octubre, hace recordar las protestas brasileñas iniciadas en junio de 2013 contra el aumento de 6,7 por ciento en los precios de autobuses, metro y trenes de São Paulo.
La represión policial no logró contener el movimiento, al revés fomentó actos cada día más masivos en todo el país, con reclamos ampliados a mejores servicios públicos y al rechazo a los gastos públicos para construir o reformar estadios de la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y las Olimpiadas de 2016 en Río de Janeiro.
Las manifestaciones callejeras ganaron nuevo empuje por los escándalos de corrupción entre políticos desde 2014 y, adueñadas por la oposición derechista, contribuyeron a la caída de la presidenta Dilma Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores, destituida por el parlamento en agosto de 2016.
El proceso desacreditó el sistema político y condujo así a la elección, en octubre de 2018, del presidente Jair Bolsonaro, candidato de la extrema derecha que se presentó como antipolítico y anticorrupción, aunque estuviera hacía décadas en la política.
En Chile la movilización ganó fuerza y amplitud, aunque sea prácticamente espontanea, sin una articulación por una gran organización, al despertar la lucha por objetivos más profundos, como el demorado cambio de la Constitución y una sociedad que ponga coto a la desigualdad en uno de los países menos igualitarios del mundo.
Se trata de finalmente superar los muchos vestigios aún vigentes en el Estados 29 años después del fin de la dictadura comandada por el general Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990. La Constitución que rige la vida nacional sigue siendo la de 1980, impuesta por los militares.
Los indignados chilenos tienen el reordenamiento político, legal y social por hacer, además de alzarse contra algunas medidas económicas actuales y del pasado. Muy distinto de los cambios coyunturales que se están logrando por elecciones y protestas populares en otros países sudamericanos.
La rebelión de principios del sudamericano octubre caliente en Ecuador se deshizo al conquistar la revocación de brutales alza de los combustibles, motivo de la confrontación con el gobierno del reformista Lenín Moreno.
En Bolivia la oposición sigue protestando contra un supuesto fraude en las elecciones para forzar una segunda vuelta en que podría poner fin a 13 años de gobierno del izquierdista e indígena Evo Morales, quien evitó por mínimo margen esa instancia en los comicios del día 20.
*Foto de portada: ONU
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