Especialistas en el fenómeno migratorio coinciden en que el nombramiento de Ardelio Vargas Fosado, con sus antecedentes de criminalización de grupos sociales y violaciones a los derechos humanos, al frente del INM sólo puede responder a un pago de cuotas, o a una intención del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto de darle una orientación policiaca a un Instituto que, de por sí, es corrupto. La decisión no sólo pone en alerta a inmigrantes, sino también a los defensores de derechos humanos

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Xavier Rosas

 @wachangel

 Con la designación de Ardelio Vargas al frente del Instituto Nacional de Migración (INM) el panorama luce poco alentador para el trato y paso de inmigrantes centroamericanos; y también para activistas y defensores de derechos humanos, quienes consideran que con el nombramiento “el INM pasa a ser una instancia policial más, en manos de un personaje que dirigió operativos policíacos que resultaron en torturas, asesinatos y detenciones arbitrarias”.

La designación es “una bofetada”, en opinión del coordinador del albergue Hermanos en el Camino, el padre Alejandro Solalinde, para quien “la designación de un policía implica el mensaje de que en el país los derechos humanos pasan a segundo término y se privilegia la seguridad y la obediencia de Estados Unidos. Hay que quedar bien con ellos”.

A pesar de la postura de los grupos de defensores de derechos humanos y activistas, el nuevo titular del INM se comprometió “a garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes en territorio mexicano”. Este sábado se dio a conocer  a través de un boletín de prensa que para Ardelio Vargas Fosado  «el fenómeno de la migración debe ser entendido como una política del Estado mexicano que se instrumenta con precisión desde el ámbito de la seguridad nacional».

Preocupación y sinsentido por el nombramiento

Para el antropólogo de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Gustavo López, la designación de Vargas Fosado, ex presidente municipal de Xicotepec de Juárez (1987-1990) y quien forma parte de una de las familias políticas más influyentes en la Sierra Norte de Puebla, podría obedecer a un pago de favores por el apoyo que pudiera haber brindado a la campaña presidencial del ex gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto.

“Mucho me temo que se está privilegiando el pago de cuotas. No le encuentro sentido a su designación dentro de la estructura del INM. El perfil de Ardelio Vargas Fosado es de seguridad pública y de represor, es alguien que no tiene la mínima experiencia en la resolución de conflictos, porque ni siquiera en términos de una eficacia en seguridad pública se puede hablar,  ya que su papel ha sido de criminalización de los movimientos sociales”.

Por su parte, Leonardo Herrera, investigador del fenómeno migratorio, consideró que es “preocupante” la designación del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Puebla.

“Se me hace muy delicado, porque es una persona que está especializada en inteligencia, en estar acusando, en operativos, en estar reprimiendo. Es muy preocupante por el lado de los derechos humanos de los inmigrantes centroamericanos, y por otro el de los defensores, porque son los que están denunciando violaciones a los derechos humanos, casos de trata, de corrupción de los agentes de migración y de las policías locales o federales, y es algo que por lógica no les caerá muy bien a los funcionarios, y ahora, con el perfil de Ardelio Vargas, es de mucho cuidado lo que pueda ocurrir”.

Y agregó: “Ahora bien, no una vez sino varias se ha acusado a los defensores de derechos humanos de inmigrantes centroamericanos de cometer delitos. Ahora qué nos va a garantizar que a un padre que tiene un albergue y que les da de comer a los inmigrantes no lo puedan acusar de algún delito. Y es que la diferencia para que sea un delito es muy sutil”.

Gustavo López calificó como “decisión errática” la llegada del nuevo titular del INM: “ciertamente genera repudio y en el mejor de los casos escepticismo en torno a si existe una política clara referente al tema de la inmigración en México. Ardelio Vargas no es un experto en el diseño de políticas públicas, no es alguien que pueda, por ejemplo, generar una propuesta ni generar consensos para el conjunto de los organismos no gubernamentales que se han abocado a la defensa de los derechos humanos de los inmigrantes, ni con el sector académico tampoco. Lo que puedo esperar es un ejercicio de la función pública muy gris”.

Represión y pobres resultados  

Durante su paso por la SSP de Puebla, cargo que ostentó hasta el pasado 15 de enero, se le acusó de actos de represión. Entre 2011 y 2012 acumuló ocho denuncias ciudadanas por agresiones a la integridad y agresión personal, faltas al trato digno, detenciones arbitrarias, violencia, actos homofóbicos, entre otros.

La dureza en su gestión, pese a lo que se pudiera pensar, no ayudó  disminuir los delitos.

Activistas y académicos consideraron que su labor estuvo encaminada a “preocuparse más por reprimir manifestaciones que por combatir la delincuencia”.

A dos años de iniciada la administración morenovallista, las cifras de incidencia delictiva mostró también un saldo negativo. Los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) revelaron que el delito en general se incrementó en un 37 por ciento, al comparar los primeros dos años de gobierno de Rafael Moreno Valle con los dos últimos años del sexenio de Mario Marín.

“Cuando él estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla podíamos ver operativos incluso absurdos. Por ejemplo, el que hubo en contra de los vendedores de autopartes, ya que si el argumento del gobierno era que ellos venden autopartes robadas, el trabajo de la policía debe ser detener a los ladrones de autopartes y a sus vendedores, cosa que no hacen ya que la 46 sigue funcionando hasta el momento”, señaló Leonardo Herrera.

Y agregó: “Esto quiere decir que la lógica que imperó con Ardelio Vargas fue una lógica de represión; aunado a ello ¿qué pasó con la inseguridad en Puebla?, no disminuyó, empeoró.”.

El antropólogo Gustavo López coincide en que Ardelio Vargas Fosado no cuenta con “el perfil, ni siquiera puedo decir que sus logros en materia de Seguridad Pública hayan sido de gran relevancia en Puebla, ni el en Estado de México, ni en su paso por las Fuerzas de Seguridad”.

Un opaco historial

El paso del serrano por los diferentes cargos que ha ocupado en la función pública, han dejado un lastre en la criminalización y represión en contra de movimientos sociales.

Durante 2000 y 2006 se desempeñó como Delegado del Centro de Investigación  y Seguridad (Cisen) en Chiapas y Oaxaca. Durante ese periodo, bajo la gestión de Ernesto Zedillo Ponce de León, la participación de Vargas Fosado destacó por la guerra de “baja intensidad” en el conflicto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“Nunca he sido participante directo del zapatismo, pero es una realidad que la guerra de baja intensidad, la presión al interior de las comunidades zapatistas, el periodo en el que fue más cruda fue cuando él estuvo como Delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional Cisen en Chiapas”, recuerda Leonardo Herrera.

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En el sexenio de Vicente Fox el nombre de Ardelio Vargas pasaría a la historia y sería recordado en las campañas presidenciales de 2012, cuando surgió en la Ibero Santa Fe el grupo social “Somos más de 131”.

Los días 3 y 4 de mayo de 2006 los pobladores de San Salvador Atenco, en el Estado de México, fueron testigos y víctimas de un operativo en el que participaron 700 miembros de la Policía Federal Preventiva (PFP) y mil 815 agentes municipales y estatales del Estado de México, quienes bajo las órdenes del ex titular de la SSP en Puebla, “disolvieron” una manifestación encabezada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra,  organización local de agricultores de Texcoco, quienes se oponían a la construcción del nuevo aeropuerto.

En el operativo policial se cometieron graves violaciones de derechos humanos: se saldó con 207 personas detenidas, dos civiles muertos, decenas de manifestantes y policías heridos, y varios miembros de los cuerpos de seguridad tomados como rehenes.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que varios de los detenidos sufrieron torturas, malos tratos, así como 47 mujeres denunciaron  agresiones sexuales y violación, de las cuales 11 interpusieron una denuncia ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH): “seis años han pasado desde que estas mujeres fueron agredidas y torturadas sexualmente pero según Italia Méndez, una de las once mujeres que han interpuesto una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ‘la tortura más fuerte ha sido el propio proceso de justicia’”, escribió la periodista Patricia Simón, de Periodismo Humano.

“Me parece que en los últimos años no ha habido represiones más fuertes que las de Atenco, al término del mandato de Fox; y la de Oaxaca, en el de Calderón, y Ardelio Vargas estando en la PFP y en la AFI, estuvo inmiscuido directamente en estos dos hechos”, señaló también el politólogo Leonardo Herrera.

Oaxaca sería otro escenario en el que Ardelio Vargas dejaría su “firma”. En diciembre de 2006, fue designado por el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, como Comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP) y 4 meses después se desempeñaría como titular de la desparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).

Se le vincula como responsable del operativo en contra los maestros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), movilización de policías federales donde hubo múltiples choques que dejaron muertos y heridos, tanto de integrantes de los grupos sociales como de las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno.

El dictamen de la CNDH sobre este hecho, consideró que se violaron las garantías fundamentales en perjuicio de la ciudadanía oaxaqueña; sin embargo, no exigió la investigación ni sanción a los responsables -estatales y federales- por estos hechos.

INM: entre corrupción y violación de los derechos humanos

El trabajo desempeñado por el Instituto Nacional de Migración en la gestión anterior ha reflejado un vacío de poder en el que la corrupción, los grupos del crimen organizado y la colusión de las autoridades con éstos, reflejaron un escenario de violencia e inseguridad contra inmigrantes centroamericanos, así como de activistas y defensores de los Derechos Humanos.

Amnistía Internacional (AI) ha señalado en repetidas ocasiones que “los migrantes irregulares que atraviesan México se ven condenados a una vida marginal, vulnerables a la explotación de las bandas delictivas y los funcionarios corruptos, e ignorados en gran medida por las autoridades que deberían protegerlos de los abusos contra los derechos humanos”.

En el estudio «Transformar dolor en esperanza: Defensoras y defensores de derechos humanos en América», AI señaló que los defensores de los Derechos Humanos en México “sufren hostigamiento judicial, son detenidos sobre la base de pruebas deficientes y se enfrentan durante años a cargos falsos contra ellos porque se dictan órdenes de detención que luego no se ejecutan”.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, los casos de colusión de autoridades del INM con bandas del crimen organizado fueron una constante. A finales de 2012, el director general jurídico de este organismo, José Antonio Musi, reconoció que la corrupción entre servidores públicos vinculados con redes internacionales de delincuencia organizada, era uno de los principales problemas que enfrentaba la institución.

“Se trata de que la gente que está involucrada en esto, como es la segunda actividad ilícita más lucrativa a nivel mundial después del narcotráfico, pues estás tocando intereses de bandas muy poderosas”, afirmó Musi, entrevistado en el mes de diciembre por Aristégui Noticias.

Los casos más visibles: el rancho de San Fernando en Tamaulipas, las extorsiones en el estado de Veracruz, al igual que en el de Tlaxcala; el aseguramiento de más de 40 inmigrantes centroamericanos en Lara Grajales, Puebla; las denuncias de “La 72” por la intimidación de defensores de Derechos Humanos y de inmigrantes centroamericanos en Tenosique, Tabasco; así como las denuncias en Chiapas por el delito de trata de personas, entre otras.

¿INM, una institución con fines policiacos?

Tanto para Gustavo López como para Leonardo Herrera, la llegada de Ardelio Vargas podría significar un recrudecimiento en el trato hacia los inmigrantes centroamericanos, acciones que no competen directamente al Instituto Nacional de Migración.

“Por un lado podremos ver un cambio en cuanto a la migración en tránsito en México, y medidas muy fuertes, y por el otro lado a una incapacidad ejecutiva, una incapacidad para poder generar una política pública clara en torno a la inmigración”, destacó Gustavo López.

Por su parte, Leonardo Herrera señaló que el INM “debe hacer una labor plenamente administrativa, debe regularizar la instancia de las personas irregulares, ya sean profesores, estudiantes, campesinos, trabajadores. Ese debería ser el papel del INM y no policiaco, de andar correteando a inmigrantes. No es y no creo deba ser la labor del INM, y con la designación de Ardelio Vargas es lo que se espera, porque es lo que él sabe hacer”.

Foto: Joel Merino | Archivo Lado B

Asimismo, Gustavo López consideró que “el papel que desarrolla el INM en todo caso es el tránsito de personas mediante los retenes que tiene. No tiene que ver con una cosa de la seguridad de las fronteras, porque para ello están otras entidades y mecanismos que se deberían desarrollar”.

Con los medios, no

Su mala relación con los medios de comunicación también fue una particularidad durante su encargo. En agosto de 2011, en un operativo desarrollado en la comunidad de La Cieneguilla, en Chignahuapan, Puebla, reporteros locales fueron sujetos de represión por los cuerpos policiales, quienes, bajo instrucción de Ardelio Vargas, recibieron órdenes de arrebatar grabadoras y cámaras, así como borrar el material de la cobertura del desalojo por el cual, de acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) del estado de Puebla, se realizaron también violaciones a los derechos de los campesinos al haber actuado los uniformados sin órdenes judiciales y desalojo con violencia –según el reporte fueron incendiadas algunas casas de los habitantes por parte de los policías-.