Marielo Polo | Sabina Torres 

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Aunque en Puebla existen dos iniciativas de ley relacionadas con la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), propuestas por la diputada priista Rocío García Olmedo, ambas están detenidas en comisiones legislativas por falta de voluntad política y congruencia de la mayoría que controla Morena. 

Además, como la propia diputada señaló en el conversatorio “Una mirada jurídica sobre la despenalización del aborto”, organizado por LADO B, con el inicio del año electoral “los partidos políticos no van a querer debatir o abordar siquiera el tema”.

Para García Olmedo la falta de voluntad política por parte de la coalición Morena-PT-PES, quien tiene mayoría en el Congreso, complica el avance de la dictaminación.

“[Es una] total incongruencia de un grupo mayoritario que se autodefine como progresista y liberal, y en los hechos, [como] hemos visto en varios temas, pareciera que son más conservadores que los conservadores a los que se refiere el presidente López Obrador”.

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La primera iniciativa busca reformar el Código Penal del estado para reducir las penas de las mujeres que abortan y evitar su criminalización. De manera que, en lugar de ser privadas de su libertad, quienes decidan interrumpir su embarazo hasta la semana 12 solo recibirían multas económicas o harían trabajo comunitario. 

Este día presenté ante el pleno del @CongresoPue reformas al código penal para NO criminalizar a las mujeres que recurran al aborto, esta reforma busca eliminar las penas punitivas o de carcel y cambiarlas por sanciones diferentes. pic.twitter.com/PeAKk5Tvqu

— Rocío García Olmedo (@rgolmedo) May 27, 2019

Esta propuesta “sigue congelada en la Comisión de Procuración de Justicia”, encabezada por la diputada María del Carmen Cabrera Camacho, del Partido del Trabajo.

Mientras que la segunda se enfoca en la Ley Estatal de Salud y servirá “para dar procedimiento a las excepciones [de ILE] que están determinadas en el propio Código Penal”.

Además, recalcó que la propuesta también abarca el tema de la educación sexual, pues: “en la Ley Estatal de Salud no se establece nada que tenga que ver con salud sexual y reproductiva. Si no quieren abortos, entonces hay que prevenirlos”.

Por ello, la modificación contempla programas de educación sexual y distribución gratuita de anticonceptivos -por parte del Estado- a los sectores de la población más vulnerables. 

Hoy presenté vía ocurso la Iniciativa de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud de Puebla. Lo que busca esta iniciativa es garantizar el acceso de las mujeres a los derechos sexuales y reproductivos en Puebla. pic.twitter.com/T3pAqXL1G8

— Rocío García Olmedo (@rgolmedo) July 8, 2020

Sin embargo, la iniciativa “está congelada de origen en la Comisión de Salud”. Al ser cuestionada sobre la razón, respondió: “Por el solo hecho de tocar el tema… el nombre les espanta: aborto”.

Además, García Olmedo añadió que ha cuidado que sus propuestas se mantengan actualizadas debido a que “hay un artículo en la ley orgánica que marca 180 días para dictaminar en comisiones”, por lo que ha vuelto a presentar las dos iniciativas para que estas no sean congeladas permanentemente.

El panorama

Según estadísticas del programa de ILE en la Ciudad de México, desde 2007, mil 438 mujeres residentes de Puebla han acudido a realizarse un aborto, dicha cantidad solo es superada por la de la propia Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con la misma fuente desde enero hasta el 31 de julio de 2020, 50 mujeres residentes de Puebla han acudido a la Ciudad de México para solicitar una ILE.

Apenas el año pasado se reformó el Código Penal del estado para eliminar tres agravantes del aborto: no tener “mala fama”, haber logrado ocultar el embarazo; y que el embarazo no sea fruto del matrimonio.

Pese a esto, en Puebla, la interrupción legal del embarazo solo se permite por cuatro causales: por “imprudencia de la mujer embarazada”, en caso de violación, cuando el embarazo ponga a la mujer en peligro de muerte, y por motivos eugenésicos.

El mito de las causales

Foto: Marlene Martínez

En marzo de 2018, Pilar*, de 15 años, fue abusada sexualmente por su tío durante unas vacaciones en Cuetzalan, Puebla. Al regresar a la Ciudad de México, donde vive, y enterarse de que estaba embarazada, acudió a una agencia del ministerio público para presentar la denuncia correspondiente, acompañada de su madre. 

Allí se les informó que tendría que presentar la denuncia en la entidad en la que ocurrió el delito, pero que por tratarse de un caso de violación podría interrumpir su embarazo allí, si así lo deseaba, pues no constituiría ningún delito. 

Pilar, con 10.2 semanas de gestación, y su madre regresaron a Puebla para presentar la denuncia penal correspondiente, sin embargo, le negaron la solicitud de ILE, argumentando que el aborto no es legal en la entidad.  

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Aunado a esto, le dijeron que en ningún lugar del estado le autorizarían un legrado y que, en caso de abortar en la Ciudad de México, al continuar con su proceso legal en Puebla el juez la cuestionaría al respecto e incluso podría iniciar un proceso en su contra.

Ante esto, Pilar y su madre regresaron a la Ciudad de México, pues -al tener menos de 12 semanas de gestación- la menor aún podía acceder a una ILE. Posteriormente, y gracias al acompañamiento de GIRE, Pilar pudo presentar una queja a la CEDH por los abusos cometidos por el personal del ministerio público de Teziutlán, Puebla.

Desafortunadamente, son más los casos de mujeres que se ven obligadas a abortar de manera clandestina, que es considerada la cuarta causa de muerte materna en México, según el Observatorio de Mortalidad Materna (2015).

El caso de Pilar, por increíble que parezca, es uno de los afortunados, pues pudo acceder a un  aborto seguro en la Ciudad de México, pero también demuestra que la existencia de causales de aborto en el Código Penal no son suficientes para asegurar que las mujeres tengan acceso al servicio de ILE.

En Puebla, aseguró la diputada García Olmedo, no existe un procedimiento para que las mujeres -incluso si cumplen con alguna de las cuatro causales establecidas en el Código Penal-, hagan efectiva la ILE. Es importante establecerlo “para que las mujeres tengan esas opciones”, afirmó.

 Según lo establecido en la Ley General de Víctimas (LGV) y la NOM-046-ssa2-2005, el aborto en caso de violación debe ser aplicado a todas las mujeres que así lo soliciten, incluidas las niñas, quienes a partir de los 12 años pueden acudir a cualquier hospital público sin compañía de un tutor legal.

Es decir, quienes deseen realizarse un aborto, no necesitan contar con denuncia previa, ni autorización del ministerio público o un juez; el único requisito es una declaración bajo protesta de que el embarazo es producto de una violación.

En entrevista con LADO B, García Olmedo refirió que la ILE es un “servicio de urgencia”, pues tiene que realizarse antes de las primeras 12 semanas de gestación. Y al no haber un procedimiento establecido, los prestadores de servicios de salud solicitan requisitos que únicamente retrasan y obstaculizan el trámite, al grado incluso de negar el servicio a las mujeres que lo requieren.

Y aunque se establece como obligatorio que toda institución del Sistema Nacional de Salud (tanto pública como privada) debe brindar atención a víctimas de violencia sexual, la realidad es distinta, pues solo en Jalisco, Nayarit, Sonora y Tlaxcala se reconoce esta reforma a la NOM-046.

Otro punto importante es el de las personas objetoras de conciencia, pues, como señaló García Olmedo, al establecer un protocolo claro se puede garantizar que los médicos tengan esa garantía, pero también que siempre exista personal en las instituciones de salud que no estén dentro de dicha categoría y puedan proporcionar el servicio a las mujeres que así lo soliciten.

Un [no tan] breve recuento

Foto: Marlene Martínez

Tras la despenalización del aborto en la Ciudad de México en 2007, diversos grupos conservadores impulsaron reformas en el interior de la República para supuestamente “proteger la vida desde la concepción”, y así bloquear posibles propuestas para legalizar el aborto. 

En Puebla, esta modificación  al artículo 18 se hizo en 2009  e indicaba “la protección de la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural”.

Sin embargo, dicha reforma no debería constituir un obstáculo legal pues, como menciona el informe “Maternidad o castigo: la criminalización del aborto en México”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió en 2012 que “el feto no puede ser considerado como persona” y que la interpretación que debe hacerse de la protección a la vida prenatal es la de proteger los derechos reproductivos de las mujeres. 

Aún así, esta modificación ha servido para que quienes se oponen al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos generen confusión sobre la legalidad del aborto. 

Pese a las iniciativas de la diputada García Olmedo, el panorama no es muy alentador. Incluso en el Congreso, hay quienes no han dudado en externar comentarios misóginos sobre el tema, tal es el caso de Héctor Alonso Granados, diputado local por Morena, quien aseguró que “hay que pensar antes de abrir las piernas”.

En 2019, el gobernador Miguel Barbosa propuso una iniciativa que modificó más de 100 artículos. Esta fue señalada por ser contraria a los derechos humanos, ya que desconocía el matrimonio igualitario y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.

Aunque la modificación del artículo 342 del Código Penal (referente al aborto) eliminó las tres agravantes mencionadas anteriormente, la propuesta del gobernador mantuvo la pena de seis meses a un año de prisión contra quien decidiera abortar. 

En esa ocasión, Rocío García Olmedo propuso ampliar la discusión y votar aparte dicho artículo. Sin embargo, el diputado por Morena y presidente del Congreso local, Gabriel Biestro, aseguró que el aborto y el matrimonio igualitario son temas sobre los cuales “no urge legislar”, pues solo dividen a la sociedad. 

La reforma fue aprobada sin ninguna modificación el 6 de octubre del año pasado por la mayoría legislativa conformada por la coalición Morena, PT y PES.

Posteriormente, el 8 de agosto de 2019, Miguel Barbosa firmó un decreto que permitiría indultar a las mujeres privadas de su libertad por abortar, con el cual se beneficiaría a cinco mujeres. Pese a esto, en Puebla, el aborto continúa siendo un delito que puede ser perseguido. 

Recientemente, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Local, Estefanía Rodríguez Sandoval, quien anteriormente se ha pronunciado a favor de la ILE, aseguró que presentará una iniciativa para que las mujeres puedan decidir si desean interrumpir su embarazo. 

Lo anterior se hizo en el marco de la toma simbólica de la CDH Puebla, a principios de este mes, sin embargo, no ha surgido más información al respecto. 

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*El caso de Pilar fue documentado por GIRE en su número La Pieza Faltante, justicia reproductiva (2018).

*Foto de portada: Marlene Martínez